“El fracaso de la reforma agraria es el fracaso de toda la sociedad para construir democracia” Informe PNUD 2011
La tierra en Colombia ha estado alejada de quienes viven en ella. Desde lejos unos ven las páginas de los periódicos y la televisión el escenario decorado de guerra e ilegalidad; mientras que los actores, de lo que parece otra obra en el mismo escenario, siguen detrás del telón ya sin equipaje, sin casa y con familiares bajo la tierra, esa tierra que nunca les perteneció y les es arrebatada constantemente.
El panorama muestra que el 52% de la gran propiedad está en manos del 1.15% de los propietarios y dicha concentración se presenta con mayor rigor en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Putumayo, Chocó, Risaralda y Norte de Santander. Se registra una de las más altas desigualdades en la propiedad rural en América Latina y en el mundo con un coeficiente de Gini (medida estadística de la desigualdad) de 0.85%, según el último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Actualmente siguen en curso iniciativas por parte del Estado como la Ley de Víctimas y Restitución de tierras, en una oportunidad por sanar el pasado y devolver la mirada del campo como escenario de productividad y paz.
Por ahora, la banda sonora de la obra sigue entonando con patriotismo las letras de Lucho Bermúdez: “cantando, cantando yo viviré, Colombia tierra querida” pero también Colombia de la tierra querida, anhelada y codiciada.
La tierra como visión de desarrollo en Colombia
Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en Latinoamérica. El factor principal de esta situación es que la tierra está en manos de pocos, lo dice el PNUD. Una reforma rural transformadora es lo que sugiere el informe de desarrollo humano: “Colombia Rural, Razones para la Esperanza”, para que Colombia pueda insertarse en la perspectiva de la globalización, modernizar la economía, superar la pobreza y así mismo darle solución al conflicto armado que ha sido, en gran parte, consecuencia de una serie de frustraciones políticas, económicas y sociales en el sector agrario.
Según el PNUD esto requiere de acuerdos nacionales, regionales y locales por parte del Estado. Rediseñar la institucionalidad en pro de las nuevas dinámicas, recuperar y replantear su papel frente al mundo rural y de mercado.
“La reforma rural transformadora que necesita Colombia para modernizarse es impensable sin resolver el problema agrario, sin la inclusión del campesinado y sin soluciones que pasen por el prisma de la equidad y la democracia”. Absalón Machado, economista y director académico del Informe.
Los intentos de las reformas que se han realizado desde los años 30 para mejorar el problema agrio han fracasado porque, de acuerdo al artículo de la Revista Semana “Tierra concentrada, modelo fracasado”, la tierra representa estatus, prestigio social, riqueza. “La tierra en Colombia, además, se ha convertido en un bien especulativo que se acumula para obtener rentas sin ningún esfuerzo productivo”.
Colombia ha estado marcada por un pasado que miró de frente la modernización, dándole la espalda a las zonas rurales. La acción del Estado ha tenido mayor presencia en la ciudad que en el campo, lo que dejó las puertas abiertas a los grupos ilegales y armados para apoderarse de unas tierras sin dueño.
De este modo la labor del campesino en el país se vio vulnerada. Por acción u omisión del Estado el unísono de la sociedad colombiana hacia los pobladores rurales ha sido el progreso ligado al abandono del campo, sumado el conflicto armado interno y su relación con el despojo y abandono de tierras y con el desplazamiento forzado.
El Informe de Desarrollo Humano señala a través del Índice de Ruralidad (IR) que: “el país es más rural de lo que se creía: el 75,5% de los municipios colombianos son rurales, en ellos vive el 31,6% de la población (no el 25%, según el Censo de 2005) y cubren el 94,4% del territorio”.
Otro punto importante es la población, entre esta el campesinado, comunidades afrocolombianas, mujeres cabeza de familia y pueblos indígenas a los cuales se les redujo su posición de ciudadanos con influencia en la vida social, política y económica del país a víctimas meramente. Condicionando un proyecto de vida y la participación en términos de propuestas posibles para el desarrollo tanto de sus propias vidas como en las de su región o localidad.
La tierra querida de los colombianos ha quedado vedada en los últimos años como territorio productivo y escenario de guerra, quedando todo lo que le pertenece a un conflicto armado: el miedo, la inseguridad, los actos ilícitos etc. La visión social de la tierra se limitó así, a la guerra.
De este tema se resalta: “El conflicto agrario y el armado terminan relacionándose a través de sus efectos: el desplazamiento de la población y el despojo de tierras. Porque la tierra se convierte en un instrumento de la guerra y por ello, es objeto de expoliación y despojo por vías de hecho, o mediante la utilización ilegal de instrumentos jurídicos. Y la población es el objetivo del control y, por ello, susceptible de ser desplazada o confinada”.
En un mercado regido por la tecnología, el sector rural no se debe quedar atrás. Una mejora en innovación y tecnificación del campo mejorarían el desempeño productivo. Sin embargo, este no debe restringirse solamente a los grandes productores y agrícolas porque la competencia de un pequeño productor con un mercado industrializado sería un factor de desigualdad.
Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del país aumentó 6 puntos entre los años 2000 y 2010, (pasó de 0,78 a 0,84) en relación con la propensión mundial. Sin embargo, se encuentran grandes diferencias entre departamentos y entre municipios.
La vida, el precio de la tierra
La tierra ha sido terreno de violencia. En el horizonte de los últimos treinta años entre 19972002 concentra más de la mitad del total de víctimas de violencia registrada por la Diócesis de Quibdó, en contra de las comunidades afro, los pueblos indígenas y la población de mestizos de la región del Chocó. Sufriendo el asesinato de sus miembros, en especial de aquellos pertenecientes a los consejos comunitarios y a los cabildos indígenas y el despojo de las tierras de propiedad colectiva amparadas por la ley. Como lo asevera el informe de desarrollo humano en el capítulo VIII.
El cuadro (pág. 247) tomado de El Espectador, muestra el número de líderes asesinados por región en el periodo 2002 a 2008 y 2010. Este reporte evidencia que los departamentos con mayor número de líderes asesinados en dicho periodo fueron: Arauca (9), Antioquia (8), Santander y Atlántico (5), así mismo el que menos asesinatos registró fue Nariño y Cundinamarca con (1). Estos fueron los resultados obtenidos de 16 regiones estudiadas, (Santander, Arauca, Huila Cesar, Atlántico, Chocó, Putumayo, Sucre, Bolívar, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle del Cuaca y Nariño).
Otro de los dramas en los que a veces se vive o se muere en el conflicto de la tierra en Colombia, es el desalojo y el desplazamiento forzado. El despojo de tierras se cifra en 6,6 millones de hectáreas, es decir, el 12,9 por ciento de la superficie agropecuaria; de las cuales se han recuperado 495.493. De ese total, el 73 por ciento corresponde a minifundios y propiedades pequeñas de hasta 20 hectáreas.
Como consecuencia, en los últimos 13 años, unos 3,6 millones de personas han sufrido el desplazamiento forzoso, el 65 por ciento de ellas menores de 25 años y el 14 por ciento con menos de 4 años.
Como consecuencia, en los últimos 13 años, unos 3,6 millones de personas han sufrido el desplazamiento forzoso, el 65 por ciento de ellas menores de 25 años y el 14 por ciento con menos de 4 años.
Esta situación se encuentra plasmada en el documental “El precio de la tierra” (2004). En el que se muestra cómo no sólo los actores armados han sido partícipes en el tema de concentración de tierras y despojo a la población rural, sino también la industria y el mismo Estado cuya acción ha favorecido la violencia y la ilegalidad con unos intereses económicos y políticos.
El documental retrata el drama que vivió la población rural del Urabá chocoano por la tierra, al tiempo que pone en cuestión la participación del gobierno frente al manejo del sector agrario del país, bien sea por su participación directa en el conflicto o por el débil funcionamiento de un sistema de control riguroso desde el marco constitucional.
Urapalma S.A, Unión de Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá, quienes tienen en su poder territorios adjudicados legalmente por el Estado a las comunidades negras desplazadas del Chocó. Es un ejemplo claro de la apropiación ilegal de territorio que ha sufrido el país.
Empresarios colombianos llegaron a esta región en el año 2003 con la aprobación de autoridades públicas y civiles, para hacer uso de la tierra con cultivos de palma de aceite. Bajo el pretexto de abrir paso a un desarrollo en la región, varios de ellos junto con intereses por parte de los paramilitares generaron situaciones de desplazamiento forzado en los territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó.
“Lo más importante es tener un sello de Colombia por la paz, (…) con esa producción lo que estamos buscando es remplazar ese conflicto, todos los problemas y la droga”. Afirma el palmicultor Luis Ignacio Guzmán en un testimonio para el documental.
En el presente año Noticias Uno reportó que Ignacio Guzmán, abogado antioqueño de la Universidad de Medellín, sería denunciado por la organización de Justicia y paz, por el caso de usurpación de tierras y desplazamiento en el Urabá Chocoano.
Según el medio el empresario representaba legalmente la empresa Palmas del Atrato, antes de obtener un consulado en Miami en el gobierno del ex presidente de Álvaro Uribe Vélez. Empresa cuyos registros mercantiles no aparecen en ninguna Cámara de Comercio del país.
La situación de los campesinos respondía entonces a unos intereses ajenos a los de ellos, pero representaban sometimiento a las condiciones impuestas por las empresas en asocio con grupos paramilitares, a cambio de la vida y la de sus familiares.
“Nos mandaron a desocupar porque necesitaban esto solo, algún combate por ahí por el medio y nos salían raspando a nosotros. Entonces más bien nos dijeron: ¡vea, ábranse que necesitamos esto solo! y nosotros nos fuimos. Cuando vine ya la palma estaba sembrada”, testimonio de un campesino para el documental.
Otro de los testimonios de los campesinos marca otra visión de violencia en términos simbólicos: “Me pusieron unas amenazas en la casa, me trancaron todo y no me dejaron entrar. Trabajaron toda la tierra y la sembraron de palma”.
El caso de Ruperto Rentería, terminó en muerte. Él cultivaba plátano y no quiso sembrar palma porque, además de no tener la experiencia con este tipo de producto en la agricultura y comercialización, no veía en ese negocio una rentabilidad a corto plazo que le permitiera sostener a su familia.
Rentería fue asesinado por paramilitares mientras trabajaba en sus cultivos en Curbaradó – chocó debido a su oposición a la plantación y siembra de las palmas de aceite.
La tenencia de la tierra también significa rechazo y exclusión. A los campesinos, por ejemplo, les negaban servicios como alimentación y salud. En caso concreto, a algunos les aumentaban el precio de los alimentos por trabajar para Urapalma.
Esta última empresa acusada por el Sindicato Nacional de trabajadores de la industria de alimentos (Sinaltrainal) en el 2008, por la apropiación ilegal del territorio, destrucción deliberada y masiva del ecosistema por la implementación y expansión del monocultivo de palma aceitera en territorios de Urabá anteriormente mencionados, por violación de derechos humanos y vínculos con los paramilitares.
Así como el sometimiento a trabajo por necesidad, fueron varias las vidas que arrebató el conflicto por la tierra en el país. Los que se hacían llamar empresarios pusieron una cuota de sangre, violencia simbólica e injusticias en torno a la tenencia de la tierra.
Las raíces del problema y caso actual
Los índices de desigualdad y concentración de la tierra no son un tema coyuntural, son producto de una serie de acontecimientos históricos y de frustraciones políticas en el ámbito de las reformas agrarias. Desarrolladas en contextos de la violencia bipartidista, procesos de industrialización en el país, entre otros fenómenos políticos y económicos dieron cabida al conflicto social y político cuyo eje estructurante es la tierra.
En Colombia se han desarrollo una serie de legislaciones por parte de la clase dirigente para establecer una reforma agraria. La ley 200 de 1936, se dio en un marco de debate según Álvaro Tirado Mejía en: “La cuestión agraria en Colombia 1958-1985”. Esta se ocupó de la explotación económica de los predios de manera obligatoria, el derecho de dominio sobre los mismos o su restitución al Estado, y reconociendo el derecho de los trabajadores rurales al dominio de las tierras.
La guerra que se vivía en los años cincuenta generó una ola de desplazamientos en la que muchos predios cambiaron de dueños. De acuerdo con Mario Zamundio Palma, comunicador de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), fenómenos como la lucha política, la violencia bipartidista, llevaron a la conformación de un grupo autodefensa campesina, quienes en principio no tenían la influencia necesaria para desestabilizar la estructura política de la época.
El primer precepto de los subversivos consecuentemente fue agrario y planteaba entre otros temas “el reparto masivo de tierras, la intervención activa del Estado a través de ayudas y la eliminación del latifundio improductivo”, según el investigador colombiano del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Absalón Machado citado en el artículo “Los señores de la tierra” de Zamundio.
La ley 135 de 1961 cuyo enfoque era social y económico, es decir, en palabras de Tirado Mejía lo social buscaba “eliminar y prevenir una concentración inequitativa de la propiedad, crear unidades de explotación adecuadas, dar mejores garantías aparceros y arrendatarios, dotar de tierra a los peones del campo y elevar el nivel de vida de los campesinos”. La ley se creó en el Comité Nacional Agrario, conformado por representantes de los partidos políticos, del Congreso, la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas con el fin de procurar una uniformidad entre los diferentes partidos.
Además se crea el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA), como entidad pública a cargo de la gestión del tema, organismos como el Consejo Nacional Agrario, el Fondo Nacional Agrario (FNA) y la figura de los Procuradores Agrarios.
En los años ochenta la presencia guerrillera en muchos territorios del país y los impuestos de guerra cambiaron el panorama del conflicto. Puesto que esta situación llevó a los terratenientes a conformar grupos de justicia privada para contrarrestar la acción de los subversivos con alianza de las ya consolidadas estructuras narcotraficantes.
“(…) estas organizaciones fueron fomentadas o creadas en algunos casos por grupos de narcotraficantes, quienes como propietarios de las mayores extensiones de tierra, enormes ganaderías y latifundios, los requerían para protegerlos, y a causa de su negocio de drogas requerían también ejércitos particulares porque la guerrilla los acosaba con controles y, de contera, se hicieron parte del negocio”. Así explica la relación entre “paras” y “narcos” el documento diagnóstico 2008 del Programa de Consultas en Recuperación de Tierras del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural mencionado en el artículo.
La segunda ola de desplazamiento forzado la definió la relación entre paras y narcos, ya que la tierra, según la investigadora Juan Dávila, era el factor común de esta alianza como mecanismo de poder político, de elaboración de droga y como “generador de guerra”. Además afirma en el artículo que “amenazas, despojos materiales, masacres, torturas, ventas falsas, forzadas o a precio irrisorio, métodos judiciales y cancelación de títulos por caducidad administrativa fueron la estrategia sistemática que convirtió a Colombia en un país de desterrados”.
Los señores de la tierra entonces no son realmente los campesinos humildes que la trabajan por gusto, son los grupos ilícitos que usan mecanismos de terror para despojar de sus tierras, de sus vidas, de sus sueños a los verdaderos dueños de la tierra colombiana, que no encuentran las garantías necesarias por parte del Estado para ejercer su derecho a la propiedad y al empleo. No se ha hecho una apuesta sensata por el agro, sino que se ha dejado que la tierra se dispute entre los ilegales.
El desarrollo en el país se ha visto truncado por la estructura agraria que ha puesto a la tierra como un obstáculo. Por los pocos propietarios de ella que no quieren conceder sus bienes y privilegios y por un Estado que no quiere afrontar la situación, por seguramente, intereses colaterales.
Zamundio respecto a este contexto asevera que “Colombia tiene una gran deuda social y moral con el campo. La tierra es hoy el campo de batalla de los señores de la guerra y la trinchera de las víctimas, y debe ser en ella, precisamente, en donde se concrete y se geste, de una vez por todas, un proceso integral de paz”.
Actualmente se ejecuta el proyecto de Ley de Restitución de Tierras es una propuesta legislativa que busca la restitución de los bienes despojados por causa del conflicto armado. En este las personas que deben demostrar la propiedad de las tierras son los actuales dueños y no las víctimas.
Hace parte del proyecto de Ley de Victimas de la Ley de Justicia y Paz, conjunto de medidas judiciales, sociales, administrativas y económicas; presentadas en 2010 al Congreso de la República. En un marco de justicia transicional busca que las victimas tengan acceso a sus derechos: a la verdad, la justicia y la reparación con garantía de no repetición. Siendo los beneficiarios de esta ley colombianos víctimas de la situación armada del país que fueron poseedores, propietarios, tenedores u ocupantes de tierras a partir del 1° de enero de 1990.
La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) es la encargada de llevar a cabo este proceso con las víctimas, en el acompañamiento, fortalecimiento y la ayuda.
Lina María Arroyave Ceballos
Marcela Gutiérrez Ardila
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