La educación en Colombia: un asunto de poder

El presente informe está basado en el capítulo cuarto del texto: La educación durante el Federalismo, la reforma escolar de 1980, de Jane M. Raush, profesora norteamericana.  El capítulo se sitúa, dentro del marco general de la historia educativa de Colombia, en la visión de los ignorantistas respecto a los instruccionistas que durante la reforma escolar que se adelantaba en la época desató varios conflictos ideológicos en el país; como dice la autora: “el intento de cumplir con las disposiciones en el Decreto Orgánico despertó casi inmediatamente una vehemente oposición que finalmente ahogó a los instruccionistas”.

El inicio de dicho conflicto tiene su origen en el Decreto orgánico de instrucción pública de 1970, el decreto que bajo la Constitución Política de Rionegro de 1953, dio voz a los anhelos  reformistas del pensamiento liberal. Esta  introdujo en su legislación tres campos de acción: enseñanza, inspección y administración; se creó por primera vez en el país una Dirección General de Instrucción Pública que luego sería el Ministerio de Instrucción Pública a  cargo de un Director General designado por el Presidente de la República que entre sus funciones tenía formular los programas de enseñanza.

Los ignorantistas eran constituidos por la iglesia católica, los conservadores y gran mayoría  del pueblo colombiano a fin a las ideas religiosas católicas; por su parte los instruccionistas  se dividían en varios grupos: los Reformadores Educativos, Los Radicales, La Guardia de Colombia y los Católicos Liberales.

Fueron tres los puntos del Decreto Orgánico que  enfrentaron estos grupos: el poder del Gobierno Federal para organizar, dirigir y fomentar la educación, el carácter obligatorio de  la educación para niños entre 7 y 15 años  y el establecimiento obligatorio de la instrucción laica.

A estos puntos, el clero fue gran opositor. Uno de los principales argumentos que exponían en vocería del Obispo Carlos Bermudez era la religión como parte esencial de la educación hablándose de un país en su mayoría católico, el Obispo daba a reconocer que la iglesia había sido el principal agente de civilización en Colombia y por tanto esto le dada la potestad de ejercer la autoridad sobre las escuelas, en su concepto: “la educación laica corrompería a los niños y llevaría al país al desastre total”.

En un estado prominentemente católico que el clero hiciera oposición a la educación influyó en gran medida en las reacciones que el pueblo tomó frente al Decreto. La iglesia católica, aparte de  prohibir explícitamente a sus fieles católicos de colaborar con la instrucción pública, utilizó todo su poder de discurso para rechazar las imposiciones del Decreto poniendo al mismo nivel del pecado el hecho de que los padres enviaran sus hijos a las escuelas oficiales, así mismo utilizó amenazas de excomunión o la exclusión de cualquier tipo de beneficio espiritual, como el perdón de los pecados. Las ideas del bien y el mal, siendo el primero la Iglesia católica y el segundo la educación, tuvieron gran acogida por el pueblo. “Las sociedades Católicas se convirtieron en el principal instrumento de los ignorantistas en la movilización de la opinión popular contra las escuelas”. (M. Raush, 1993, p. 119)

Según la autora, algunos católicos laicos se unieron a la protesta del clero afiliándose a sociedades católicas que pretendían ubicar a la religión católica por encima de la política lo que ocasionó fuertes disputas que sirvieron como  detonante de la guerra civil de 1876.

Por su parte la posición de los conservadores estaba muy ligada a las ideas católicas. “En 1978 J.M Samper escribía que el apoyo conservador a la instrucción pública, no obstante lo firme que fuese, estaba limitado por dos reservas: que la educación debería ser moralista y religiosa y que la educación debía ser bien dirigida, funcional y adecuada a los recursos y costumbres colombianas”. (M. Raush, 1993, p. 124)

Aunque los conservadores rechazaban la instrucción oficial en la forma en que los radicales habían decretado, como dice Jane M. Raush, no eran ciertamente ignorantistas en cuanto no se oponían a toda clase de instrucción, pues veían esta como un valor social de gran dimensión. La preocupación de los conservadores frente al Decreto radicaba en el énfasis que hacía a la centralización que, según ellos, supondría el ejercicio de poderes extraconstitucionales por parte del Gobierno. “El poder ejecutivo podría convertirse en una dictadura de la instrucción pública”. (M. Raush, 1993, p. 125)

Para los conservadores, una de las formas más viables para el sistema educativo era un plan controlado y financiado, en el que el Estado daría autonomía económica a los distritos y apoyaría a aquellos que se encuentren en condiciones menos favorecidas. Otro de los puntos que objetaban era la obligatoriedad de la educación porque violaba los derechos individuales protegidos por la Constitución, deslegitimando a los padres como autoridad en el núcleo familiar.

En el aspecto de la educación religiosa en las escuelas, el clero y los conservadores coincidían, aunque con una intención de poder diferenciadora. Según la autora,  los conservadores consideraban la educación laica un complot de los liberales para atrapar a l público joven y la Iglesia católica era quién podía vigilar correctamente el proceso educativo.

Las publicaciones de la época marcaron una influencia significativa en la opinión del pueblo. Según la profesora norteamericana, el tono de los argumentos variaba con las publicaciones; La ilustración, La América y El Deber mantenían un tono objetivo de la información, mientras que Las publicaciones de Caridad y El tradicionalista exponían la información desde una perspectiva emocional. “Los editoriales convertían a la instrucción religiosa en una causa sagrada del catolicismo y marcaban a todo aquel que desaprobaba como masón, ateo, instruccionista, corruptor y asesino”. (M. Raush, 1993, p. 128)

Aunque las ideas conservadores lograron movilizar varios sectores de poder como la Iglesia, su proceder los ponía en cuestionamiento ante los radicales por la forma como utilizaban planteamientos y sentimientos religiosos para vencer políticamente.

La visión de los radicales, quiénes favorecían el Decreto Orgánico, comenzó con

Jose María Samper, quién en un inicio fue radical pero luego había llegado a la conclusión de que dicho Decreto era inconstitucional. La propuesta de Samper respecto a la educación era una política orientada a la persuasión más que a la  imposición basándose en la idea de que el pueblo colombiano era esencialmente católico, por tanto no se le podía obligar a aceptar una educación irreligiosa. Los radicales no asumían la religión como un asunto de competencia oficial, por lo tanto la educación religiosa en las escuelas no era viable.

En 1880, después de que Rafael Nuñez asumió la presidencia, las disputas por el Decreto Orgánico tomaron un ambiente pasivo por parte de los ignorantistas. Los dirigentes de los distritos se mostraban indiferentes y se negaban a cooperar con las disposiciones del gobierno para poner en marcha la instrucción pública.  Sin embargo, su intención, como los de más opositores del Decreto tenía que ver con una lucha por mantener el poder; el temor a que el pueblo se educara y perdieran autoridad política los hacía asumir una posición en contra.

Esta situación afectaba directamente a los maestros quiénes no recibían oportunamente el incentivo económico por su labor, aparte de no recibir también el entrenamiento necesario y los métodos adecuados para la enseñanza escolar. Con el objetivo de mantener su poder y evitar que la educación primeria llegara al pueblo las autoridades distritales, aconsejadas por el clero y por los gamonales, bloqueron pasivamente la reforma a la educación.

El pueblo, a pesar de las constantes influencias de los grupos de poder representativos, también asumió una posición respecto al Decreto. La educación suponía un sacrificio intelectual, emocional y técnico. En un país donde el sustento económico de las familias dependía del campo, para las familias era muy difícil enviar a sus hijos a la escuela, pues los niños campesinos eran trabajadores sin remuneración; si el niño se iba para la escuela, los padres perderían uno de sus trabajadores y por tanto su sustento se vería en riesgo. Además de la distancia que había entre la escuela y el campo era otro factor desfavorable que disminuía notoriamente la posibilidad de que la población joven estudiara.

Según la autora, las personas no le veían utilidad a la educación respecto a sus actividades agrícolas. La educación estaba alejada de la cotidianidad de quienes la recibían. Otras personas siguiendo las ideas del clero abandonaban toda posibilidad de enviar a sus hijos a la escuela por temor a recibir un castigo o a que se convirtieran a otra religión o credo. Pero fue en gran medida el desconocimiento de los beneficios de la educación los que no permitieron que las personas accedieran a ella. Finalmente, también en las familias, la educación terminaba por ser un instrumento de poder, en el cuál los padres temían perder la autoridad ante sus hijos.

A modo de conclusión, “la guerra de las escuelas” como nombra la autora en su texto, puso en el escenario de la opinión pública una serie de ideologías que perseguían una intención de poder. La historia de la educación en Colombia estuvo marcada por prejuicios particulares que evitaron que la discusión se diera entorno a los beneficios de la educación y sus retribuciones futuras. Puso, en cambio, en evidencia la inestabilidad política del país.