El presente informe está basado en el
capítulo cuarto del texto: La educación
durante el Federalismo, la reforma escolar de 1980, de Jane M. Raush,
profesora norteamericana. El capítulo se
sitúa, dentro del marco general de la historia educativa de Colombia, en la
visión de los ignorantistas respecto a los instruccionistas que durante la reforma
escolar que se adelantaba en la época desató varios conflictos ideológicos en
el país; como dice la autora: “el intento de cumplir con las disposiciones en
el Decreto Orgánico despertó casi inmediatamente una vehemente oposición que
finalmente ahogó a los instruccionistas”.
El inicio de dicho conflicto tiene su origen
en el Decreto orgánico de instrucción pública de 1970, el decreto que bajo la
Constitución Política de Rionegro de 1953, dio voz a los anhelos reformistas del pensamiento liberal. Esta introdujo en su legislación tres campos de
acción: enseñanza, inspección y administración; se creó por primera vez en el
país una Dirección General de Instrucción Pública que luego sería el Ministerio
de Instrucción Pública a cargo de un Director
General designado por el Presidente de la República que entre sus funciones
tenía formular los programas de enseñanza.
Los ignorantistas eran constituidos por la
iglesia católica, los conservadores y gran mayoría del pueblo colombiano a fin a las ideas
religiosas católicas; por su parte los instruccionistas se dividían en varios grupos: los
Reformadores Educativos, Los Radicales, La Guardia de Colombia y los Católicos
Liberales.
Fueron tres los puntos del Decreto Orgánico
que enfrentaron estos grupos: el poder
del Gobierno Federal para organizar, dirigir y fomentar la educación, el
carácter obligatorio de la educación
para niños entre 7 y 15 años y el
establecimiento obligatorio de la instrucción laica.
A estos puntos, el clero fue gran opositor.
Uno de los principales argumentos que exponían en vocería del Obispo Carlos
Bermudez era la religión como parte esencial de la educación hablándose de un país
en su mayoría católico, el Obispo daba a reconocer que la iglesia había sido el
principal agente de civilización en Colombia y por tanto esto le dada la
potestad de ejercer la autoridad sobre las escuelas, en su concepto: “la
educación laica corrompería a los niños y llevaría al país al desastre total”.
En un estado prominentemente católico que el
clero hiciera oposición a la educación influyó en gran medida en las reacciones
que el pueblo tomó frente al Decreto. La iglesia católica, aparte de prohibir explícitamente a sus fieles
católicos de colaborar con la instrucción pública, utilizó todo su poder de
discurso para rechazar las imposiciones del Decreto poniendo al mismo nivel del
pecado el hecho de que los padres enviaran sus hijos a las escuelas oficiales,
así mismo utilizó amenazas de excomunión o la exclusión de cualquier tipo de beneficio
espiritual, como el perdón de los pecados. Las ideas del bien y el mal, siendo
el primero la Iglesia católica y el segundo la educación, tuvieron gran acogida
por el pueblo. “Las sociedades Católicas se convirtieron en el principal
instrumento de los ignorantistas en la movilización de la opinión popular
contra las escuelas”. (M. Raush, 1993, p. 119)
Según la autora, algunos católicos laicos se
unieron a la protesta del clero afiliándose a sociedades católicas que
pretendían ubicar a la religión católica por encima de la política lo que
ocasionó fuertes disputas que sirvieron como
detonante de la guerra civil de 1876.
Por su parte la posición de los conservadores
estaba muy ligada a las ideas católicas. “En 1978 J.M Samper escribía que el
apoyo conservador a la instrucción pública, no obstante lo firme que fuese,
estaba limitado por dos reservas: que la educación debería ser moralista y
religiosa y que la educación debía ser bien dirigida, funcional y adecuada a
los recursos y costumbres colombianas”. (M. Raush, 1993, p. 124)
Aunque los conservadores rechazaban la
instrucción oficial en la forma en que los radicales habían decretado, como
dice Jane M. Raush, no eran ciertamente ignorantistas en cuanto no se oponían a
toda clase de instrucción, pues veían esta como un valor social de gran
dimensión. La preocupación de los conservadores frente al Decreto radicaba en
el énfasis que hacía a la centralización que, según ellos, supondría el
ejercicio de poderes extraconstitucionales por parte del Gobierno. “El poder
ejecutivo podría convertirse en una dictadura de la instrucción pública”. (M.
Raush, 1993, p. 125)
Para los conservadores, una de las formas más
viables para el sistema educativo era un plan controlado y financiado, en el
que el Estado daría autonomía económica a los distritos y apoyaría a aquellos
que se encuentren en condiciones menos favorecidas. Otro de los puntos que
objetaban era la obligatoriedad de la educación porque violaba los derechos
individuales protegidos por la Constitución, deslegitimando a los padres como
autoridad en el núcleo familiar.
En el aspecto de la educación religiosa en
las escuelas, el clero y los conservadores coincidían, aunque con una intención
de poder diferenciadora. Según la autora,
los conservadores consideraban la educación laica un complot de los
liberales para atrapar a l público joven y la Iglesia católica era quién podía
vigilar correctamente el proceso educativo.
Las publicaciones de la época marcaron una
influencia significativa en la opinión del pueblo. Según la profesora
norteamericana, el tono de los argumentos variaba con las publicaciones; La ilustración, La América y El Deber
mantenían un tono objetivo de la información, mientras que Las
publicaciones de Caridad y El
tradicionalista exponían la información desde una perspectiva emocional. “Los
editoriales convertían a la instrucción religiosa en una causa sagrada del
catolicismo y marcaban a todo aquel que desaprobaba como masón, ateo,
instruccionista, corruptor y asesino”. (M. Raush, 1993, p. 128)
Aunque las ideas conservadores lograron
movilizar varios sectores de poder como la Iglesia, su proceder los ponía en
cuestionamiento ante los radicales por la forma como utilizaban planteamientos
y sentimientos religiosos para vencer políticamente.
La visión de los radicales, quiénes
favorecían el Decreto Orgánico, comenzó con
Jose María Samper, quién en un inicio fue
radical pero luego había llegado a la conclusión de que dicho Decreto era
inconstitucional. La propuesta de Samper respecto a la educación era una
política orientada a la persuasión más que a la
imposición basándose en la idea de que el pueblo colombiano era
esencialmente católico, por tanto no se le podía obligar a aceptar una
educación irreligiosa. Los radicales no asumían la religión como un asunto de
competencia oficial, por lo tanto la educación religiosa en las escuelas no era
viable.
En 1880, después de que Rafael Nuñez asumió
la presidencia, las disputas por el Decreto Orgánico tomaron un ambiente pasivo
por parte de los ignorantistas. Los dirigentes de los distritos se mostraban
indiferentes y se negaban a cooperar con las disposiciones del gobierno para
poner en marcha la instrucción pública. Sin embargo, su intención, como los de más
opositores del Decreto tenía que ver con una lucha por mantener el poder; el
temor a que el pueblo se educara y perdieran autoridad política los hacía asumir
una posición en contra.
Esta situación afectaba directamente a los
maestros quiénes no recibían oportunamente el incentivo económico por su labor,
aparte de no recibir también el entrenamiento necesario y los métodos adecuados
para la enseñanza escolar. Con el objetivo de mantener su poder y evitar que la
educación primeria llegara al pueblo las autoridades distritales, aconsejadas
por el clero y por los gamonales, bloqueron pasivamente la reforma a la
educación.
El pueblo, a pesar de las constantes influencias
de los grupos de poder representativos, también asumió una posición respecto al
Decreto. La educación suponía un sacrificio intelectual, emocional y técnico. En
un país donde el sustento económico de las familias dependía del campo, para
las familias era muy difícil enviar a sus hijos a la escuela, pues los niños
campesinos eran trabajadores sin remuneración; si el niño se iba para la
escuela, los padres perderían uno de sus trabajadores y por tanto su sustento
se vería en riesgo. Además de la distancia que había entre la escuela y el
campo era otro factor desfavorable que disminuía notoriamente la posibilidad de
que la población joven estudiara.
Según la autora, las personas no le veían
utilidad a la educación respecto a sus actividades agrícolas. La educación
estaba alejada de la cotidianidad de quienes la recibían. Otras personas
siguiendo las ideas del clero abandonaban toda posibilidad de enviar a sus
hijos a la escuela por temor a recibir un castigo o a que se convirtieran a
otra religión o credo. Pero fue en gran medida el desconocimiento de los
beneficios de la educación los que no permitieron que las personas accedieran a
ella. Finalmente, también en las familias, la educación terminaba por ser un
instrumento de poder, en el cuál los padres temían perder la autoridad ante sus
hijos.
A modo de conclusión, “la guerra de las
escuelas” como nombra la autora en su texto, puso en el escenario de la opinión
pública una serie de ideologías que perseguían una intención de poder. La
historia de la educación en Colombia estuvo marcada por prejuicios particulares
que evitaron que la discusión se diera entorno a los beneficios de la educación
y sus retribuciones futuras. Puso, en cambio, en evidencia la inestabilidad
política del país.
